El primer gobierno de Castilla es considerado un hito fundacional en la historia de la política peruana, ya que establecer una particular política de alianzas con liberales y conservadores le permitió controlar las tensiones entre las facciones en las que se había dividido el país desde la independencia. El gobierno de Castilla se caracterizó por ser centralista y personalista, estilo que determinó la formación de la cultura política peruana. La bonanza del guano permitió crear las bases económicas de la institucionalidad del gobierno de Castilla. El modelo exportador del guano, en el que el estado peruano ejerció el monopolio de su principal recurso natural, posibilitó cierta autonomía estatal frente a los grupos económicos, si bien es cierto que la red de vínculos entre el Estado y la sociedad civil no fue uno de los objetivos que se impuso la administración de Castilla. Esto evitó que también se fomentaran las alianzas mutuamente favorables entre los poderes locales y el poder central. La política de Castilla estuvo sustentada por el discurso autoritario de Bartolomé Herrera, que subraya el respeto a la autoridad y la necesidad de unidad nacional. El amor a la Patria fue utilizado como concepto cohesionador. El discurso herreriano le permitió a Castilla neutralizar o eliminar a sus enemigos políticos. Durante sus gobiernos se estableció el primer presupuesto de la nación, se abolió la esclavitud y la contribución de indígenas, se dió la primera reforma educativa, se fundó el Archivo General de la Nación y se instaló el alumbrado a gas en Lima. Los presupuestos de su primer gobierno le dieron prioridad al pago de militares y burócratas civiles y la construcción de obras publicas.
Escenario electoral de 1851 en el gobierno de Castilla
Al culminar el primer gobierno de Castilla, este asumió un papel arbitral, apoyando la candidatura del general José Rufino Echenique a la presidencia de la república. En la campaña presidencial de 1851, los participantes Domingo Elias, Miguel San Roman, Jose Rufino Echenique y Manuel Ignacio de Vivanco montaron sus respectivas maquinarias políticas. Castilla, luego de medir fuerzas, inclinó la balanza hacia su candidato.
La paz castillista amenzada
El descontento popular producido por las supuestas adulteraciones y los falsos reclamos de la deuda interna, propiciaron rebeliones para destituir a Echenique. En 1854, la guerra civil, a la que Castilla se incorporó, puso en peligro la precaria estabilidad política. A pesar de que Castilla logró asumir, entre 1855 y 1862, el control político del país, apoyando en 1861 al general Miguel San Román como sucesor, no pudo reprimir las facciones que emergieron en el proceso electoral de 1851 y que se exacerbaron en las revoluciones de 1854 y 1856; menos aún, detener los síntomas de la crisis de las finanzas públicas. La Convensión (1855 – 1856) que ratificó a Castilla en el poder terminó siendo su principal opositora. Su marcado carácter liberal se enfrentó a la tendencia conservadora y autoritaria de Castilla. La Constitución liberal de 1856 fue aceptada por Castilla con muchas reservas. En 1857 fue disuelta la Convención. Para 1860 se convocó a un nuevo congreso, el que aprobó finalmente una nueva Constitución moderada, lo que tuvo vigencia hasta 1920. En 1862 fue elegido presidente el general Miguel San Román, apoyado por los liberales. Hubo un paréntesis de paz matizado con el retorno de exiliados. San Román duró poco en el gobierno, enfermó y falleció en los primeros meses de 1863. Ante la ausencia de los dos vicepresidentes, Castilla asumió el poder, pasándolo luego al segundo vicepresidente, el general Pedro Diez Canseco, quien entregó finalmente al primer vicepresidente, el general Antonio Pezet.
Abolición de la esclavitud
Los esclavos en el Perú lograron la libertad en 1854, cuando el presidente Ramón Castilla firmó un decreto que abolía la esclavitud. Pero la intención de acabar con la esclavitud había estado presente desde la independencia, cuando San Martín decreto la libertad de los hijos de los esclavos nacidos en el Perú a partir del 28 de julio de 1821. Esta declaración fue conocida como la libertad de vientres sin embargo, una serie de intereses particulares impidieron acabar con la esclavitud en la práctica. Solo lograron su libertad aquellos esclavos que se enrolaron al ejército patriota y permanecieron en él un año después de la batalla de Ayacucho. El resto tuvo que esperar 21 años más para conseguir su libertad.
