La explotación del guano empezó en 1841 en las islas de Chincha, las de Lobos de Afuera y Lobos de Adentro y las islas del sur hasta Tarapacá. El interés que paulatinamente despertó esta lucrativa actividad se plasmó en la inestabilidad de los tres primeros contratos de explotación, firmados entre 1841 y 1842, en los que el Estado buscaba obtener cada vez un beneficio mayor. Así, lo que empezó siendo un sistema de contrato de alquiler concedido a un inversionista, Francisco Quirós, derivó en un convenio que otorgaba al Estado el 64 por ciento de los beneficios y, finalmente, se pactó entregarle a este el 75 por ciento del ingreso liquido.
La explotación del guano
Inicialmente se recurrió a esclavos y presidarios para la extracción del guano en las islas. A partir de 1850, cuando empezó la inmigración asiática, los culis fueron los más requeridos. Si bien en sus contratos de introducción al Perú se especificaba que no podían trabajar en el guano, los culis fueron sometidos a tantos atropellos que su situación pasó ser similar a la de los esclavos. También se utilizaron obreros chilenos, aunque en menor escala. Los trabajadores no contaban con seguridad para evitar accidentes o enfermedades y sus jornadas de trabajo podían llegar a ser de 16 horas.
Los inversionistas
El Estado se encontraba en crisis fiscal pues no había logrado cubrir los gastos que se habían generado desde las batallas de la independencia. En esas condiciones, ni el Estado ni los capitalistas nacionales podían competir con las compañías europeas y estadounidenses en la inversión que significaba la explotación del guano. El predominio de extranjeros y la ausencia de inversionistas peruanos fueron cuestionados en la década de 1850 por el Congreso, que decidió que no se firmasen nuevos contratos si no se incluía a capitalistas nacionales. Así, los extranjeros formaron empresas mixtas, pero sin permitir que la participación nacional los sobrepasara.
Las consignaciones o inversiones
El Estado acordó ceder a los empresarios la explotación del guano en lugares específicos y por un periodo determinado que no superaba los nueve años. Estos inversionistas o consignatarios debían asumir todos los gastos, desde la extracción hasta la venta. Al ingreso bruto se le descontaban los gastos y el producto neto se dividía entre el fisco y los consignatarios. Este acuerdo acabó por convertir al Estado en deudor de los consignatarios, pues estos adelantaban los beneficios que correspondían al fisco en calidad de préstamos que debían ser amortizados con elevados intereses. El acaparamiento de la explotación del guano por los capitalistas extranjeros, así como su deshonestidad provocaron denuncias contra el sistema. Las principales sospechas recayeron sobre la casa británica Gibbs y la casa francesa Montané. Los empresarios vendían el guano en el exterior a un precio menor al oficial, perjudicando la venta del guano del Estado.
El contrato Dreyfus
La ruptura con los consignatarios ocurrió durante el gobierno del presidente José Balta. Este le encargó al ministro de Hacienda, Nicolás de Pierola, que convocara una licitación en París para vender dos millones de tonelada de guano, sin informas de esto a los consignatarios. La buena pro fue otorgada a la firma francesa Augusto Dreyfus y hermanos, que ofreció excelentes condiciones, entre ellas, cubrir la deuda externa con cinco millones de soles. Los consignatarios llevaron el caso ante el Poder Judicial, pero el convenio con Dreyfus siguió adelante. Las ventajas del contrato se esfumaron pronto, pues no se invirtieron los ingresos en actividades productivas a corto plazo sino a ferrocarriles. El contrato se canceló en 1875.
Guano y Progreso
Los ingresos producidos por la explotación del guano permitieron atenuar las deudas que se arrastraban desde la independencia. los beneficios de este nuevo negocio se vieron particularmente en los gobiernos del presidente Ramón Castilla.
